Ordenanza relativa a la requisa

 

 

 


El Alcalde


· Considerando que es gravísima la carencia de viviendas en el término municipal de Florencia, en el que están pendientes 1147 solicitudes de vivienda por parte de personas desahuciadas o en vías de desahucio, a las cuales, por lo que se desprende de las informaciones obtenidas a través de los habituales órganos de información, les es absolutamente imposible procurarse una vivienda u otro alojamiento, ni de una habitación siquiera, al no contar con los medios para pagar un alquiler a un precio corriente en el mercado libre; 

· Considerando que las búsquedas realizadas para verificar la disponibilidad de viviendas de alquiler no han dado resultados positivos y que se han agotado todas las posibilidades de alojamiento de personas desahuciadas en lugares de propiedad pública;

· Considerando que la situación es tan grave que se han verificado episodios de personas desahuciadas que han llevado sus muebles a la sede del Ayuntamiento, hasta el punto de que ha dado eco de ello incluso un periódico de la ciudad, con la consecuencia evidente de haber hecho surgir una tensión cada vez mayor en el estado de ánimo no sólo de las personas en vías de desahucio sino también de los ciudadanos particulares hacia esta Administración pública, considerada incapaz de satisfacer aun precariamente un derecho tan fundamental del ciudadano como el de la vivienda;

· Considerando que, así pues, pueden temerse actos de intolerancia y de rebelión, lo cual está justificado por el hecho de que la Constitución del Estado garantiza innegablemente el derecho fundamental del ciudadano a la asistencia y a la seguridad individual y familiar;

· Considerando que el asilo público y los centros de asistencia de Florencia no están en condiciones de hacer frente de manera alguna a nuevas solicitudes de vivienda;

· Visto que el problema de la vivienda para las personas sin techo presenta los aspectos de una grave necesidad pública como la que establece el art. 7 de la Ley 2248/1865, de 20 de marzo, anexo E, y que disponer de la propiedad privada en tal caso –teniendo presente también la evolución de determinados principios jurídicos, sociales y constitucionales que todavía no pueden encontrar eco en la jurisprudencia‒ se impone con toda su urgencia humana y política;

· Visto lo dispuesto en relación con los arts. 152, 153 y 217 del T.U. de la Ley Municipal y Provincial 148/1915, de 4 de febrero, modificada por el R.D. 2839/1923, de 30 de diciembre, en referencia al citado art. 7 de la Ley 2248/1865, de 20 de marzo, anexo E, se puede afirmar que es competencia del Alcalde promulgar la medida en cuestión, al tratarse de una hipótesis que se encuentra comprendida en la materia prevista reglamentariamente por los citados artículos, debido a los ya mencionados efectos en lo que se refiere a la policía urbana y al orden público por la repetición de los casos arriba mencionados y por el estado de inestabilidad residencial de numerosas familias;

· Vista la urgencia de tomar medidas en relación con lo mencionado;

· Vistos el art. 7 de la Ley 2248/1865, de 20 de marzo, anexo E, el art. 19 del T.U. de la Ley Municipal y Provincial 383/1934, de 3 de marzo, el D.L. 277/1949, de 8 de marzo, la Ley 996/1950, de 30 de noviembre, los arts. 152, 153 y 217 del T.U. de la Ley Municipal y Provincial 148/1915, de 4 de febrero y el R.D. 2839/1923, de 30 de diciembre,


ordena

 

la requisa inmediata del edificio………………………………………………….


      El Alcalde

Palazzo Vecchio, 21 de febrero de 1953