El derecho a la vivienda

 

 

Mientras se proseguía con el amplio programa de construcción de viviendas protegidas, la ciudad se encontraba frente a la emergencia de los desahucios y, en general, de la escasez de alojamientos. Tras haber pedido que los desahucios se llevaran a cabo de forma gradual para poder gestionar la emergencia, y al no haber obtenido una respuesta positiva, La Pira se dirigió a los propietarios para que le alquilaran al Ayuntamiento un determinado número de viviendas sin utilizar. Ante la negativa de los mismos, ordenó que se requisaran los inmuebles, basándose en una ley de 1865 que otorgaba al alcalde la facultad de requisar alojamientos en caso de que se dieran graves motivos sanitarios o de orden público. Su amigo el magistrado Gian Paolo Meucci es quien lo ayudó a dar con este pretexto jurídico en el que se basó para aprobar la ordenanza.

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Como es natural, la iniciativa desencadenó polémicas violentísimas a las que La Pira respondió con una apasionada intervención en el Consejo Municipal. En cuanto a las denuncias que fueron presentadas en aquella ocasión (todas ellas posteriormente archivadas, por otro lado, al considerarse infundadas), La Pira se expresó de la siguiente manera en una carta abierta a Ettore Bernabei, director del Giornale del Mattino: «¿Tengo que dejarme asustar por estas denuncias penales que no tienen ningún fundamento jurídico –y ni mucho menos moral‒ o debo continuar defendiendo como pueda, es más, con mayor energía, a la pobre gente sin casa y sin trabajo? … Un alcalde que por miedo a los ricos y a los poderosos abandona a los pobres –desahuciados, despedidos, desempleados y demás‒ es como un pastor que, por miedo al lobo, abandona a su rebaño».

En estos mismos términos le escribiría también al Papa.